A pesar de tener elementos para procesar funcionarios, el gobierno hace mutis por Oderbretch: NYT

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El gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina. Sin embargo, se rehúsa a hacerlo porque podría afectar al partido gobernante frente a las elecciones presidenciales del 1 de julio, según tres personas  que conocen el caso de forma directa.

El escándalo involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de la región para hacerse con contratos públicos en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones han afecado prácticamente a todas las naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá.

Pero hay dos excepciones notables: Venezuela, un paria internacional con un gobierno autoritario, y México, donde se han estancado dos investigaciones federales.

Los casos criminales están atrapados en un limbo legal común a las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho en el país.

Los escándalos de corrupción han plagado al gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente desde que llegó al poder. La primera dama adquirió un hogar de lujo de un contratista del gobierno en condiciones muy favorables, revelación que marcó el inicio de una caída en su popularidad.

Y surgieron más escándalos, entre ellos la desaparición aún irresuelta de 43 estudiantes normalistas, el uso de un sofisticado programa espía comprado por el gobierno para monitorear a periodistas y defensores de los derechos humanos y acusaciones contra altos funcionarios por el desvío de fondos públicos para financiar campañas del partido gobernante.

La falta de progreso en el caso Odebrecht ha sido un tema espinoso para México desde finales de 2016, cuando la constructora reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses, en un acuerdo multimillonario, que había pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.

Una de las investigaciones en México —iniciada por un fiscal especializado y cuyos documentos fueron revisados por The New York Times—, identifica a un asesor cercano de Peña Nieto como sospechoso. Sin embargo, la pesquisa seguía en fases iniciales cuando el fiscal fue despedido, a finales de octubre.

Desde entonces el caso apenas si ha avanzado y solicitudes básicas de información han languidecido durante meses, de acuerdo con otras dos personas que revisaron los últimos archivos del caso.

Pero la investigación más grande, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo suficiente evidencia para presentar cargos contra los sospechosos, de acuerdo con tres personas que revisaron el caso o recibieron información al respecto. Las presiones políticas son demasiado grandes, dijeron, para que el caso avance.

Los sospechosos por sobornos trabajaban para la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, o Pemex. En su acuerdo con los demás países, Odebrecht reconoció haber pagado millones en sobornos a funcionarios de la compañía petrolera mexicana. Y el exprocurador general mexicano Raúl Cervantes, que supervisó personalmente el caso durante su gestión, incluso viajó a Brasil para discutir la evidencia que habían recopilado las autoridades de esa nación.

La decisión de Cervantes de adoptar un rol tan activo en el caso llamó la atención de muchos dentro y fuera de la PGR. Algunos esperaban que fuera una señal de que el escándalo no sería ignorado. Otros temían que, como el procurador general es nombrado directamente por el presidente, su independencia podría verse comprometida.

La oficina del procurador general no respondió a los pedidos reiterados de declaraciones.

Nada ha sucedido en México, al menos no a los funcionarios mexicanos. Se emitió una sanción administrativa en contra de Odebrecht, en la que se le prohíbe hacer negocios en México por los próximos años.

Pero ningún funcionario mexicano ha sido acusado por aceptar sobornos y Cervantes, quien renunció al cargo en octubre, dijo públicamente que la investigación estaba concluida.

Desde entonces, su sucesor, el procurador Alberto Elías Beltrán, ha contradicho esas declaraciones, al sugerir que la indagatoria continúa y por tanto no puede divulgar detalles.

En realidad, el caso ha sido archivado, según las tres personas con conocimiento de la situación. Ya golpeado por múltiples casos de corrupción y por el aumento de violencia en todo el país, dijeron, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no puede arriesgarse a que aflore otro escándalo de corrupción antes de las elecciones de julio.

Aunque retrasar o frenar los procesamientos también podría afectar la reputación del partido, el cálculo tiene sentido, dicen los críticos: la indignación por un encubrimiento podría ser menos dañina para el partido que la exposición de más corrupción en un juicio.

“Este escándalo va más allá de afectar la reputación del presidente, que ya está dañada”, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción del país, que ha sido consagrado en la Constitución. “No acusar a nadie en este caso tiene que ver con el futuro de partido”.

“Con otro escándalo como este, toda la maquinaria política y su financiamiento podrían desplomarse”, añadió. “Eso es más grande que las elecciones; se trata de la supervivencia misma del partido”.

La investigación ha confirmado ampliamente lo que ya se sabe, según las personas que revisaron los archivos: que se pagaron millones de dólares en sobornos a cuentas en paraísos fiscales para garantizar contratos de infraestructura. Los archivos corroboran parte de los contratos, pagos de sobornos y transferencias monetarias que fueron revelados por el gobierno brasileño y medios mexicanos.

Pero los investigadores mexicanos no ampliaron significativamente la pesquisa para buscar nuevos contratos o pagos que las autoridades brasileñas podrían haber pasado por alto, de acuerdo con las personas que conocen el caso.

Desde que comenzaron a filtrarse algunos detalles sobre el rol de México en el escándalo de Odebrecht en 2016, la información se ha centrado en uno de los aliados cercanos de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin. Lozoya fue integrante de la campaña del presidente en 2012 y después fue nombrado director de Pemex, cuando Peña Nieto llegó al poder. Lozoya ha negado haber cometido cualquier ilícito y su abogado dice que no hay pruebas contundentes de que haya aceptado sobornos.

Al principio, Lozoya no había sido nombrado en los documentos. En diciembre de 2016, cuando los funcionarios de Odebrecht alcanzaron un acuerdo con las autoridades suizas, estadounidenses y brasileñas por 3500 millones de dólares, los empresarios admitieron que entre 2010 y 2014 hicieron pagos por 10,5 millones de dólares a mexicanos, sin especificar qué funcionarios los habían recibido.

La revelación desencadenó una tormenta de fuego en México. En respuesta a la presión pública, el gobierno inició una investigación en enero de 2017.

A medida que Cervantes, el exprocurador general, trabajaba entre silenciosamente detrás de bastidores, organizaciones periodísticas mexicanas y el grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tomaron el liderazgo activamente.

Primero obtuvieron un documento legal de Brasil en el que un ejecutivo de alto rango de Odebrecht afirma que Lozoya solicitó el pago de un soborno por 5 millones de dólares en 2014. Después otro medio consiguió testimonios de tres oficiales de alto nivel de Odebrecht en los que señalaban que Lozoya había recibido más de 10 millones en sobornos.

Los funcionarios declararon que se habían reunido con Lozoya en varias ocasiones en México para facilitar el acuerdo. En esas reuniones, según el testimonio del jefe de la oficina de Odebrecht en México, Lozoya le dio un nombre y un número de cuenta a donde podía enviarse el dinero.

De acuerdo al testimonio de los funcionarios de la empresa, en 2012, cuando Peña Nieto estaba en campaña, Odebrecht hizo pagos a cuentas en las Islas Vírgenes Británicas que les indicó Lozoya por más de 3,1 millones de dólares.

En ese momento, Lozoya era coordinador del área internacional de la campaña y tenía bastante influencia sobre el entonces candidato. Los funcionarios de Odebrecht, en los testimonios bajo juramente, dijeron que el pago tenía como intención obtener buena voluntad de Peña Nieto, quien lideraba las encuestas y estaba por convertirse en presidente.

Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, negó enfáticamente cualquier acto delictivo por parte de su cliente, y Lozoya ha hecho lo mismo desde que salió a la luz el escándalo. Coello, quien ha tenido acceso al archivo del gobierno, dijo que no hay ni una sola prueba contundente que vincule a Lozoya con el dinero o que corrobore el testimonio de los oficiales de Odebrecht.

“Estas cuentas no tienen conexión con mi cliente”, dijo.

Los fiscales mexicanos podrían haber armado un caso más contundente, con más evidencia de las autoridades brasileñas, de acuerdo con las personas con conocimiento del caso. Pero a diferencia de la mayoría de los países afectados por el escándalo, México rechazó la solicitud hecha por Brasil de no presentar cargos contra Odebrecht o sus funcionarios, lo que podría atemorizar a los testigos y disuadirlos de dar un testimonio completo, según las fuentes.

También podría haber más sobornos de los reconocidos inicialmente. Documentos y registros de transferencias que fueron revelados por medios mexicanos sugieren que los sobornos a funcionarios mexicanos podrían haber sido por hasta 16 millones de dólares, mucho más de lo indicado por la empresa en sus testimonios al Departamento de Justicia estadounidense.

En agosto, a medida que fueron surgiendo más revelaciones sobre el caso, el entonces fiscal especializado para delitos electorales, Santiago Nieto, decidió abrir su propia investigación. Su objetivo fue determinar si los fondos que presuntamente solicitó Lozoya habían sido utilizados para financiar la campaña de Peña Nieto.

Pero el caso fue engullido rápidamente por la burocracia y las peleas con los abogados de Lozoya. Según Nieto y una revisión del archivo, obtenido por el Times, en ocasiones la misma PGR parecía estar retrasando los procesos.

En una solicitud, la Fiscalía Eespecializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) pidió obtener datos de las cuentas bancarias de Brasil, las Islas Vírgenes y Suiza, en un esfuerzo por corroborar las transferencias bancarias reportadas por los medios.

La solicitud se presentó por última vez en octubre a un departamento interno de la procuraduría general, que tenía que aprobarla.

Unos días después Nieto fue despedido. Asegura que el despido se debió a motivos políticos, dado que planeaba investigar a aliados del presidente y el posible uso de fondos ilícitos en su campaña.

El gobierno ha negado estas afirmaciones y dijo que la salida de Nieto se debió a que violó un código de ética al discutir una investigación cuando dio una entrevista sobre el tema días antes.

Desde la salida de Nieto, según personas familiarizadas con el caso, la investigación se ha estancado. Más de siete meses después, la solicitud de información sobre las cuentas bancarias sigue en algún escritorio de la PGR, de acuerdo una de las fuentes.

“El escándalo de Odebrecht se ha vuelto una especie de prueba sobre la rendición de cuentas en los países manchados por él”, dijo el senador estadounidense Patrick Leahy, demócrata de Vermont, quien ha sido crítico del sistema de justicia mexicano. “México hoy está en medio de una acalorada campaña presidencial. Esta es la oportunidad para que el gobierno de Peña Nieto demuestre que nadie está por encima de la ley”.

Fuente: NY Times

Foto: Associated Press

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