Crónica de unas muertes anunciadas

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  • Hoy todos lamentan la muerte de políticos que participaban en la contiende electoral e incluso, lucrando con el tema, exigen la renuncia del Fiscal Víctor Carrancá, pero el clima de violencia ya era grave y las autoridades lo minimizaron públicamente.

 

Erick Almanza Ferrer

 

Puebla llegó al mes de Junio con más familias enlutadas, víctimas del crimen que se niega a reconocer a sus progenitores. En tiempos electorales el origen de la ola de violencia no tiene madre…ni padre, es un tema que sirve para lucrar entre los electores, manipular su miedo para denostar a los rivales o para ungirse como salvadores.

La noche del viernes 1 de junio la candidata a la diputación federal, Juany Maldonado, y la regidora de Salud del municipio de Juan Galindo, Erika Cázares, fueron asesinadas en las inmediaciones de la localidad de Cacahuatlán, municipio de Zihuateutla, en Puebla.

Tanto Maldonado como Galindo pertenecían al Partido Verde Ecologista de México.

Según los primeros reportes de la autoridad, los hechos se registraron cuando ambas regresaban de una gira de trabajo por Patla, municipio de Jopala. Mientras se dirigían a Huauchinango en un Volkswagen Sedán, fueron interceptadas por otra unidad, cuyos tripulantes dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo, acabando con la vida de sus pasajeras.

Con ello, suman dos candidatos (hace semanas fue asesinado el candidato del PRI a la presidencia municipal de Francisco Z. Mena, Gustavo Martín Gómez Álvarez) y un precandidato (Aarón Varela de Morena) que han sido asesinados en este proceso, así como otro candidato secuestrado (Ángel Morales Ugalde) de quien se desconoce si aún se encuentra con vida. Asimismo, recientemente fue asesinado un promotor de Morena y hay denuncias de amenazas en contra de otros participantes de este proceso de renovación de poderes.

En total se contabilizan 13 muertes de políticos en Puebla desde el año pasado y más de 100 en el país; muertes que pudieron evitarse.

En el caso particular de Puebla, a partir de que se desataron las confrontaciones entre huachicoleros y militares se hizo evidente que se anticipaba una guerra por la lucha de la plaza, con víctimas colaterales como siempre sucede y más ante la cercanía de los comicios. NG Noticias lo denunció de forma reiterada, sin embargo, las autoridades del poder ejecutivo y las electorales minimizaron públicamente el asunto, asegurando que no se requerían medidas especiales; incluso hace unas semanas el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco negó “categóricamente” que el crimen desestabilizara la elección.

Al final la verdad termina siendo muy diferente.

 

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