El control del transporte se convierte en negocio

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  • Más de 15 millones de pesos recauda la autoridad por cursos y documentos que sólo da el propio gobierno y que tienen que cumplír chóferes de transporte privado, amén de lo que obtiene la autoridad por permisos y que hasta el momento no se ha transparentado.

Erick Almanza Ferrer

Las modificaciones que se hicieron a la ley de transporte para regular el sistema de transporte privado que funciona a través de aplicaciones móviles, no fue sólo una medida para dar mayor seguridad a los usuarios sino que resultó también un esquema de recaudación, no sólo por lo que se cobra por los permisos para trabajar sino para los choferes que tienen que pagar cursos y documentos que sólo da el Estado.

La autoridad exige a los conductores que tomen un curso de sensibilización e igualdad de género que sólo imparte el gobierno y que tiene un costo de 700 pesos. Si se toma en cuenta que tan sólo en la plataforma UBER se contabilizan por lo menos 11 mil socios, la recaudación por este motivó asciende a 7 millones 700 mil pesos que sale de los bolsillos de los propios conductores.

Lo mismo sucede con las cartas de antecedentes no penales que deben renovar cada 6 meses y que tiene un costo de 350 pesos, es decir, otros 700 pesos al año y, por tanto, otros 7 millones 700 mil pesos.

La cifra todavía es mayor al considerar que otras aplicaciones para transporte también funcionan en Puebla como es el caso de Cabify o EASY, amén de lo que obtiene el gobierno por los permisos para trabajar y que tampoco se han transparentado.

Las modificaciones a la Ley de transporte se hicieron tras el homicidio de la estudiante de la UPAEP, Mara Castillo, presuntamente a manos de un chofer de Cabify.

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