En la congeladora, las únicas 2 iniciativas de Asuntos Indígenas

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En casi 5 años, la Comisión de ASuntos Indígenas en el Congreso del Estado analizó dos iniciativas en favor de este sector, Sin embargo, ambas propuestas están en la congeladora.

Las únicas 2 iniciativas de Asuntos Indígenas fueron presentadas ante el Congreso por Pablo Fernández y Geraldine González.

Manuel Flores

En casi 5 años, la Comisión de ASuntos Indígenas en el Congreso del Estado analizó dos iniciativas en favor de este sector, Sin embargo, ambas propuestas están en la congeladora.

El 9 de agosto es el día internacional de los pueblos indígenas, y en este contexto, la Comisión en dicho rubro ante el poder legislativo dejó en el archivó -al menos por ahora- 2 propuestas de reforma a la Ley de derechos, cultura y desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas del estado.

Los oficios fueron presentados por Pablo Fernández del Campo y Geraldine González Cervantes, por una parte se busca atender el acervo cultural y en otra procurar los derechos de este sector de la población.

La iniciativa de Fernández del Campo

ARTÍCULO 33.- El Estado y los Municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, y/o en forma subsidiaria y complementaria:

VII.- Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias, así como, promover su enseñanza;

La segunda propuesta que se encuentra en la congeladora y que fue presentada el 18 de agosto del 2017 por la diputada del Partido Verde, Geraldine González, es esta:

ARTÍCULO 61.- El Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado, dentro de la partida presupuesta que tienen asignada, formará una plantilla de intérpretes y peritos indígenas, quienes deberán acreditar el dominio de la lengua indígena respectiva, nivel profesional de educación superior, de preferencia licenciados en derecho con título registrado y cédula profesional, para que intervengan en los juicios y procesos en donde sean parte uno o más indígenas.

En caso de que lo anterior sea insuficiente, dichas autoridades deberán realizar lo siguiente:

  1. a) Requerir a las instituciones estatales, que asignen un intérprete profesional certificado.
  2. b) Cuando se haya intentado por todos los medios encontrar un perito profesional, pero ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, podrá nombrar a un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional.

Si se demuestra que no se pudo obtener algún intérprete práctico, se puede nombrar a un perito del que se tenga elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura del indígena procesado, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene relación con dicha cultura e idioma. En estos casos es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el intérprete además habla perfectamente español.

La propuesta de Geraldine González

La segunda propuesta que se encuentra en la congeladora y que fue presentada el 18 de agosto del 2017 por la diputada del Partido Verde, Geraldine González, es esta:

ARTÍCULO 61.- El Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado, dentro de la partida presupuestal que tienen asignada, formará una plantilla de intérpretes y peritos indígenas, quienes deberán acreditar el dominio de la lengua indígena respectiva, nivel profesional de educación superior, de preferencia licenciados en derecho con título registrado y cédula profesional, para que intervengan en los juicios y procesos en donde sean parte uno o más indígenas.

En caso de que lo anterior sea insuficiente, dichas autoridades deberán realizar lo siguiente:

  1. a) Requerir a las instituciones estatales, que asignen un intérprete profesional certificado.
  2. b) Cuando se haya intentado por todos los medios encontrar un perito profesional, pero ninguna institución resuelva favorablemente su solicitud, podrá nombrar a un perito práctico que esté respaldado por la comunidad o que tenga algún tipo de certificado institucional.

Si se demuestra que no se pudo obtener algún intérprete práctico, se puede nombrar a un perito del que se tenga elementos para determinar que conoce el idioma y la cultura del indígena procesado, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o tiene relación con dicha cultura e idioma. En estos casos es fundamental que la autoridad tenga certeza absoluta de que el intérprete además habla perfectamente español.

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