Liberan a último de los opositores al Gasoducto Morelos

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Para 9 de los 10 indiciados prescribió la acción penal. 1 de ellos murió antes de que prescribiera. El último en recuperar su libertad fue Juan Carlos Flores Solís, tras ganar recurso de revisión.
Tras la detención en el año 2014 de Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís por oponerse a la construcción del Gasoducto Morelos acusados por la empresa Bonatti SPA y el Gobierno del Estado de Puebla, la Comisión Federal de Electricidad comenzó su propio proceso penal contra los habitantes de comunidades que se oponían al Gasoducto Morelos en Puebla.

El 6 de mayo de 2014, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla emitió dentro de la causa penal 19/2014, orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad, contra funcionario público y pandillerismo a 10 opositores del Gasoducto Morelos, sobre hechos, supuestamente ocurridos en San Lucas Tulcingo, Mpo. de Tochimilco el 20 y 21 de enero de 2014.

Los acusados fueron: Francisco Torres Cortés (Comisariado de Tulcingo), Federico Villalba Ramos (Secretario de Comisariado), , Avelino Juan Gutiérrez Diaz (Tesorero del Comisariado), Gregorio Fuentes Ramos (Consejo de Vigilancia de Tulcingo) , Albino Villalba Díaz (Presidente Auxiliar de Tulcingo), Adela Ramos Villalba (Suplente de Comisariado de Tulcingo), Eusebio Aguilar Torres, Avelino Velázquez Tapia (Comisariado San Juan Amecac), Juan Carlos Flores Solís y Alejandro Torres Chocolatl, 7 de ellos autoridades comunitarias, acusados de pandillerismo por participar en la firma de una Minuta de Trabajo celebrada con el apoderado legal de la CFE, Julio Chapa Garza, donde se pedía la cancelación formal del Gasoducto Morelos en San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac.

Cabe mencionar que la Minuta firmada el 21 de enero de 2014 no se respetó por parte de la CFE, atravesando el gasoducto en el mismo año 2014 con la presencia del ejército mexicano. La presión de la persecución judicial funcionó como moneda de cambio para 4 miembros de las autoridades agrarias de Tulcingo quienes en noviembre de 2014 negociaron para que pasara el proyecto a cambio de ser canceladas las ordenes, sin embargo uno de ellos murió antes de que le hubieran cancelado formalmente la orden de aprehensión. Pero 6 de ellos no negociaron y se mantuvieron firmes en la oposición, uno de ellos fue el Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, Avelino Velázquez Tapia, quien tuvo en el año 2014 dos órdenes de aprehensión, siendo ya canceladas ambas ordenes, primero la que compartió con Enedina Rosas y Juan Carlos Flores en Atlixco y la segunda, la 19/2014, debiendo prescribir su orden de aprehensión a mediados del año 2017. La prescripción es una condición legal en donde, pierde vigencia la orden de aprehensión por el tiempo que es perseguido el inculpado sin ser detenido.

Así 3 de los 10 perseguidos gozaron del beneficio de ser cancelada su orden de aprehensión por prescripción, desde mediados del año 2017, sin embargo los 7 restantes, que fueron los que se ampararon en el año 2014, les duró más su calvario hasta obtener la cancelación de la orden pues, al ampararse se suspendió el plazo para llegar a la prescripción y solo cuando les retiraron las suspensiones de las ordenes de aprehensión fue que continuó dicho plazo, hasta que lo cumplieron: Alejandro Torres y Albino Villalba el 21 de febrero de 2018, Eusebio Torres Aguilar el 14 de mazo de 2018, Adela Ramos, Federico Villalba y Avelino Gutiérrez el 26 de abril de 2018 y solo Juan Carlos Flores no fue beneficiado por la prescripción, sin embargo, el 11 de mayo de 2018 causo estado la sentencia de cumplimiento del recurso de revisión 598/2017 en donde se determinó que no es probable responsable de los delitos que se le acusan.

El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla negó una nueva orden de aprehensión, en cumplimiento de la resolución, determinando que no se comprueba la probable responsable de Flores Solís de dichos delitos porque las pruebas que obran en el expediente son imprecisas e insuficientes para determinarlo, concluyendo que las declaraciones de acusación de los 2 trabajadores de la CFE, supuestamente retenidos, pudieron haber sido aleccionadas por el Ministerio Público, ello por la identidad de los testimonios en donde prácticamente solo varían los datos de los testigos y otros detalles menores. Esta es la tercera vez que, al determinar la libertad de Flores Solís, los jueces federales y de la causa, concluyen que los testimonios de los funcionarios públicos o trabajadores de las empresas que lo acusaban pudieron haber sido aleccionadas, comprobándose la criminalización en su contra. Sin embargo, en el mes de marzo la CNDH determinó en el expediente de queja CNDH/6/2014/2918/Q y su acumulado CNDH/5/2014/2924/Q, que no existió persecución judicial por su labor de defensa de los derechos humanos, así como tampoco contra Enedina Rosas Velez y Abraham Cordero.

La orden de aprehensión 19/2014 provocó que los campesinos se alejaran de sus familias y tierras en 2014, teniendo algunos de ellos que dormir en el campo por miedo a ser detenidos, otros esperando que los trasladaran del penal de Cholula a un penal federal y otros teniendo que esconderse.

Con la conclusión de este proceso penal, termina esta etapa de 4 años de persecución judicial contra el Gasoducto Morelos en Puebla, sin descartar que existan averiguaciones previas o carpetas de investigación motivados por este proyecto o por otro, en la intención de seguir criminalizando la defensa de los derechos humanos de las comunidades originarias.

Del mismo modo, las afectaciones a los pueblos siguen vivas, como en el caso de estas dos comunidades de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac quienes además de haber sufrido la represión municipal, estatal y federal sufren de la indiferencia de las autoridades federales y estatales de protección civil al habitar en 2 de los municipios donde el Gasoducto atraviesa la zona naranja del mapa de Peligros del Volcán Popocatépetl, situación por la que el CENAPRED recomendó reconsiderar el trazo y que la CNDH recomendó a la CFE cumpliera con dichas recomendaciones técnicas. Sin embargo, a la fecha no existe información sobre la aceptación de la Recomendación 003/2018 que la CNDH emitió a la CFE y Semarnat acerca de la instalación del Proyecto Integral Morelos.

Las violaciones que se han cometido contra los pueblos originarios de Puebla, Tlaxcala y Morelos por la instalación del Gasoducto Morelos siguen siendo heridas abiertas e historias interminables como interminable es nuestra lucha por la defensa de la vida y el territorio.

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