¿Quién cuidará del agua?

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La columna de Verónica Mastretta
La columna de Verónica Mastretta
La semana pasada el senador Martí Batres presentó una iniciativa que restringe de manera total la participación de la iniciativa privada en cualquier tipo de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.  El  Artículo 4o, párrafo sexto de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho al acceso , disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico y señala al estado mexicano como el responsable de garantizar que los gobernados tengan agua de manera suficiente, salubre y accesible. Desde hace décadas que esto es así y ha sido facultad del estado y sus tres niveles de gobierno el garantizar el suministro mencionado.
Batres hizo énfasis en una cosa: que al ser considerado como un derecho humano, éste solamente debe de ser prestado por el estado y nunca por un particular.
El derecho a la educación también es un derecho humano y es obligación del estado el garantizarlo y regularlo. La SEP tiene como parte de sus responsabilidades el supervisar a las instituciones privadas de educación, pero no por eso limita la impartición de la educación a las instituciones públicas. Regular a las instituciones dedicadas a la educación  es obligación del estado, pero eso no impide la existencia de entidades privadas destinadas a la educación, muchas de ellas con una larga y exitosa trayectoria. De hecho, sin su existencia, es probable que el estado mexicano estaría rebasado en su capacidad de impartir educación, particularmente la media y superior. Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Constitución. ¿Porqué en el caso del derecho al agua han restringido el derecho a que únicamente pueda darlo el estado?
El nuevo congreso ha decidido acotar la prestación de todos los servicios de agua y restringirlos al estado, pero no me hago ilusiones y dudo  que esta reiteración del discurso de que el estado sea el único ejecutor del servicio de agua cambie la difícil situación de su gestión en nuestro país, si antes no se fortalece a las instituciones encargadas de vigilar que se apliquen las leyes que ordenan el uso de agua. En la mayoría de los municipios y estados,  el servicio de agua es responsabilidad total de los tres niveles de gobierno y es cien por ciento público. Excepto en Nuevo León, en que el servicio de agua depende de una empresa pública sin fines lucrativos con una fuerte contraloría social y que ha resultado eficaz,  puede asegurar que en el resto del país el servicio de agua tiene graves deficiencias, cobertura insuficiente, tratamiento nulo o fuera de norma y mala calidad del agua para consumo humano.  La mayoría de los ríos y cuerpos de agua del país están altamente contaminados y la calidad del agua es mala. El servicio del agua en el país es mayoritariamente público y se apega casi en su totalidad al marco jurídico que Martí Batres ha declarado como obligatorio la semana pasada, como si esa sola declaración de algo que ya se da, pudiera resolver la tragedia de la pésima gestión del agua en México. En la mayoría de los municipios del país son los poderes ejecutivos federales, estatales y municipales quienes han tenido la total atribución de garantizar ese derecho. Ellos y nadie más han sido los ejecutores y hay que señalar que en su mayoría lo han hecho pésimo. No tiene que ver con que el servicio sea público o privado, tiene mucho más que ver con la falta de capacidad del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno para tener una rectoría efectiva sobre la gestión del agua.
Las instituciones públicas responsables de  aplicar las leyes que rigen los usos y aprovechamientos del agua, en particular la Comisión Nacional del Agua, han sido disminuídos y minimizados de manera drástica desde los presupuestos federales. Ni que decir de las instituciones estatales encargadas del agua. En Puebla, la CONAGUA tenía hace 20 años por lo menos 30 inspectores para  supervisar la gestión del agua domiciliaria e insdustrial de los 217 municipios del estado, así como el uso del agua y su tratamiento por parte de las empresas. Hoy tiene tres personas. A eso ha quedado reducido el estado mexicano que hoy tiene que hacer cumplir la ley.
 Pongo un caso: San Martín Texmelucan es un municipio de cerca de 200 mil habitantes y en cuyo territorio están instalados corredores industriales metal mecánicos y textileros feroces y la petroquímica de Pemex. El municipio solo es capaz de cobrar el 8% de las cuentas de agua y el 5% del predial. El servicio de agua es público. La luz para extraer el agua de los pozos la paga el municipio. La titularidad de los pozos es del municipio, pero el 92% de las cuentas restantes las cobran los diferentes comités de agua regidos por usos y costumbres sin ingresar un peso a la tesorería de San Martín. Esos mismos comités permiten que se tire de todo. Lo mismo sucede en las juntas auxiliares de la ciudad de Puebla y en el resto de los municipios que rodean a  la metrópoli.
Las concesiones privadas de agua se han manejada de manera opaca, por lo cual es imposible saber si perjudican o benefician,  y por lo mismo están fuertemente cuestionadas. Es quizá esa opacidad la que hoy ha derivado en su absoluta prohibición. El tiempo de ser transparentes y abiertos lo desperdiciaron y no hay números ni datos públicos que hablen por ellos. Sin embargo, el prohibirlas no garantizará que los municipios de manera milagrosa empiecen a tener prácticas virtuosas alrededor de su obligación de dar agua a sus gobernados, además de sanearla de manera adecuada. Conozco muchísimos casos de pésimas prácticas públicas municipales en torno al agua, y he podido atestiguar cómo en los drenajes públicos municipales se echa de todo, ya sea a escondidas o con la complicidad de las autoridades.
Batres ha propuesto que quede prohibido cualquier intervención de particulares en actos de administración del agua y toda forma de privatización de la gestión de la misma.Oigo a Martí y pienso en los municipios y juntas auxiliares en que por usos y costumbres, son los comités de agua los que tienen en sus manos los pozos que están a nombre del municipio y cobran directamente a las empresas por darles agua y por permitirles tirar sus aguas contaminadas en las barrancas más cercanas. Pienso en esos comités que cobran por llevar agua a las casas y luego la conducen ya sucia a cualquier barranca. Esa es una privatización silenciosa y pulverizada del agua amparada en los usos y costumbres ¿Cómo impedirán eso? ¿Con qué presupuesto fortalecerá a las instancias inspectoras?¿Cómo retomará el estado la rectoría del agua sin que los miles de comités que funcionan en el país se inconformen o se subleven?
Qué bueno que se defienda el derecho humano al agua, pero aparejada debe de ir la obligación humana de  limpiar el agua que usamos y ensuciamos, a pagar porque salga por nuestra llave, a responsabilizarnos de su ahorro. Sin eso, el derecho al agua quedará en pura retórica de templete.

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