¿Representa AMLO una amenaza para la industria petrolera internacional?

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HOUSTON — En momentos en los que el presidente Donald Trump promueve reformular las relaciones comerciales y fronterizas con México, las empresas petroleras estadounidenses se encuentran preocupadas por que el posible ganador de la elección presidencial mexicana haga sus propias jugadas nacionalistas.

Andrés Manuel López Obrador, el candidato puntero en las encuestas, ha dicho que querría revertir políticas que han reforzado los lazos entre Estados Unidos y México en cuanto a la producción y el consumo energéticos. También ha prometido que no permitirá que el petróleo “vuelva a manos de extranjeros”.

Esas propuestas, además de amenazar los márgenes de ganancia de refinerías en Estados Unidos, reducirían la producción petrolera en Texas e impedirían la perforación en aguas profundas en el golfo de México por parte de gigantes petroleros como Exxon Mobil y Chevron. También pondría en jaque el superávit comercial en materia energética que tiene Estados Unidos con México, que alcanzó unos 15.000 millones de dólares el año pasado.

López Obrador, quien fuera jefe de gobierno de Ciudad de México, tiene una ventaja cómoda en los sondeos de cara a la votación del 1 de julio. Aunque ha moderado su tono desde las elecciones de 2012, sigue proponiendo una reorientación abarcadora de la política energética del país, con énfasis en independizarla de Estados Unidos.

Ha prometido poner fin a exportar tanto petróleo, buena parte del cual tiene a Estados Unidos como destino, para 2022, y en cambio dedicar unos 6.000 millones de dólares a la construcción de dos refinerías que procesarían el crudo para el consumo doméstico. Eso reduciría también las exportaciones de gasolina desde Estados Unidos hacia México.

López Obrador y su principal asesora energética, Rocío Nahle García, exlegisladora que ha sido propuesta como la secretaría de Energía en caso de un triunfo del candidato, se han pronunciado a favor de congelar las licitaciones o subastas públicas futuras para perforación en aguas profundas y de revisar los contratos ya existentes con petroleras internacionales.

“No podemos entregar de manera irresponsable nuestras reservas petroleras a las trasnacionales”, dijo recientemente Nahle, ingeniera petroquímica de formación, durante una reunión con trabajadores petroleros de Poza Rica, Veracruz. “Este primero de julio el pueblo va a terminar con el saqueo de México”.

Nahle ha dicho que quiere que el gobierno rebaje el precio de la electricidad y la gasolina, y que busca reducir la dependencia mexicana de importaciones de gas natural desde Estados Unidos con más inversiones en energía hidroeléctrica. Cualquier reducción en las ventas estadounidenses a su principal cliente extranjero empeoraría la saturación del producto que ha llevado a menores precios del petróleo durante los últimos cuatro años.

Estas posturas mexicanas datan desde los años treinta, cuando se dio la expropiación petrolera en el país. Una reforma promulgada en 2014 por el actual gobierno abrió la industria de modo que empresas extranjeras ahora pueden invertir en la exploración, perforación, construcción de ductos e incluso tener sus propias gasolineras en colaboración con la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Esa decisión permitió que compañías como Exxon Mobil invirtieran miles de millones de dólares en el desarrollo de campos petrolíferos alejados de las costas.

Las políticas nacionalistas de López Obrador han hecho eco en México al tiempo que las propias medidas nacionalistas de Trump prevén frenos a la migración mexicana hacia Estados Unidos y amenazas de dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ello, el resultado de la elección ha causado preocupación entre los ejecutivos petroleros de Estados Unidos, particularmente respecto a las importaciones mexicanas de gas desde ese país.

“México es un socio energético clave para Estados Unidos, por lo que un alejamiento de las políticas actuales sería una tragedia para ambos países”, dijo Scott Sheffield, director de Pioneer Natural Resources, una productora petrolera y de gas en Texas. “Va a lastimar a México en el largo plazo y a Estados Unidos en el largo plazo”.

En los últimos años, México ha remplazado el carbón y el diésel con gas natural —que es más limpio—, en buena medida comprado a Estados Unidos, con el que produce un 30 por ciento de la electricidad del país. La revolución en perforación de gas de esquisto o en lutitas (shale, en inglés) al norte del río Bravo ha conllevado una cantidad abundante de gas natural para consumidores estadounidenses y mexicanos. En 2015, México anunció un plan quinquenal para aumentar las importaciones de este producto.

Alrededor de veinte ductos mueven diariamente unos 128 millones de metros cúbicos de gas natural a México, y ya están en construcción o se planea construir más.

Las ventas de gas a México son una fuente importante de ingresos para las empresas de oleoductos y petroleras estadounidenses, además de que alivian el bulto de gas que burbujea desde el campo de esquisto más prolífico de Estados Unidos, en la cuenca de Permian, al oeste de Texas y en Nuevo México. La transición de California hacia las energías renovables y una falta de oleoductos y terminales de exportación de gas natural licuado significan que, si caen las ventas a México, no habrá a dónde mover el exceso de ese gas.

Tendría entonces que ser quemado en antorcha o debería reducirse la producción y perforación petrolera; es una elección entre aumentar las emisiones de dióxido de carbono causantes del calentamiento global o tener menores ganancias.

Las refinerías estadounidenses de por sí enfrentan problemas. Antes del auge de la producción de petróleo en lutitas, las refinerías a lo largo del golfo de México estaban pensadas para procesar crudo pesado de Canadá, México y Venezuela. Las importaciones desde el primer país han aumentado, pero están limitadas por una baja capacidad de oleoductos. La producción venezolana se ha desplomado y se espera que las importaciones de ese crudo caigan aún más después de las sanciones del gobierno de Trump a funcionarios de ese sector en el país suramericano.

Eso vuelve a México, que representa el ocho por ciento de todas las importaciones estadounidenses de crudo, una fuente particularmente clave. Las refinerías estadounidenses pueden procesar petróleo de grados más bajos, pero con menor eficiencia o pueden implementar mejoras a su equipamiento. De cualquier modo, caerían las ganancias.

México, en tanto, ha importado gasolinas de transporte de mayor calidad desde Estados Unidos, parte de un esfuerzo de reducir la contaminación ambiental. El año pasado México compró más de un millón de barriles de productos petroleros estadounidenses por día, lo que representa 23.000 millones de dólares en ingresos para las empresas energéticas de Estados Unidos.

Nahle, la asesora energética de López Obrador, ha dicho que las refinerías mexicanas pueden ser reequipadas para implementar el cambio desde la gasolina y diésel estadounidenses.

Los funcionarios energéticos mexicanos del gobierno actual, ante la expectativa de frenos a sus políticas, han celebrado licitaciones tan rápido como se puede para atraer las inversiones antes de que Enrique Peña Nieto deje el cargo el próximo 1 de diciembre. Ya se han otorgado más de cien contratos para desarrollo de esos campos. La producción petrolera del país sigue a la baja, pero los oficiales esperan revertir la tendencia en los dos próximos años si las empresas internacionales comienzan a producir mayores cantidades de petróleo en el golfo.

Analistas independientes en materia energética ven en las medidas actuales en México un modelo para desarrollo económico y les preocupa que se echen para atrás. “Dar una vuelta en u a las reformas actuales sería en detrimento para la economía mexicana”, dijo Faith Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía.

Algunos ejecutivos petroleros y expertos energéticos dicen que no creen tanto que los contratos sean revocados. Destacan que López Obrador seguramente no tendrá el apoyo legislativo para rescindir la reforma energética. Y puede que la retórica de campaña dé pie a las realidades de gobernar, especialmente si la industria petrolera ofrece financiamiento para más servicios sociales. El gobierno ha obtenido bonos por la firma de unos 525 millones de dólares gracias a inversionistas en lo que va de este año con esos esfuerzos.

“México necesita este cambio más que nadie más”, dijo Ali Moshiri, quien se jubiló el año pasado del cargo del principal ejecutivo de Chevron en América Latina y está estableciendo su propia compañía petrolera en busca de oportunidades internacionales. “Pemex ha sido un desastre, entonces siguen con la reforma, aunque podrían tomárselo con más calma”.

Si llega a ser necesario, las empresas internacionales pueden enfocarse menos en México y más en otros países latinoamericanos, como Brasil, que también tiene mucho potencial de exploración y perforación fuera de costas, o en Colombia, con potencial para perforación en busca de gas de esquisto. Ambos países suramericanos, al igual que México, celebran elecciones presidenciales este año en los que algunos candidatos principales han expresado su oposición a que las empresas extranjeras tengan control de recursos naturales o han alertado sobre el impacto ambiental de explotar combustibles fósiles.

“Eso crea muchas incertidumbres sobre la política energética”, dijo Lisa Viscidi, experta energética del Diálogo Interamericano, un grupo de análisis con sede en Washington. “A lo largo de América Latina hay varios aspirantes que quieren hacer grandes cambios al sector petrolero y revertir reformas previas. López Obrador en particular representa muchas amenazas directas”.

Fuente: The New York Times

Foto: Reuters

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