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Activistas denuncian persecución por defensa de territorio en Cuetzalan

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  • Lo anterior porque se han pronunciado en contra de la instalación de un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad en Cuetzalan.

Arturo Cravioto

La abogada del consejo de organizaciones de la sierra norte de Puebla en defensa del territorio Tiyat Tlali, Diana Pérez, denunció persecución de la PGR, en contra de activistas que se han pronunciado en contra de la instalación de un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad en Cuetzalan.

La abogada detalló que ante las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), fueron citados para integrar una carpeta de investigación cuatro integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) quienes se han opuesto a la instalación de una línea de energía eléctrica de alta tensión en la zona boscosa de la región, en un área protegida por la Ley local de ordenamiento territorial.

Además del riesgo al medio ambiente y a la población, Diana Pérez detalló que esta línea es para la transmisión de energía de las hidroeléctricas de la zona y para dar poder a los proyectos mineros de la región, así como de fracking, a los que distintas comunidades se han opuesto.

Por ello consideró un acto de persecución el haber citado a los integrantes del Comité de Ordenamiento Territorial al argumentar que la lucha ha sido pacífica y legal.

Es lo que suponemos ahora porque justo el COTIC es un órgano que, a través de acciones legales, ha buscado impugnar la línea de alta tensión (…) No podría decir que hay colusión entre autoridades y empresas, pero sí que es un proyecto que abarca diferentes instancias en la Sierra Norte de Puebla para ofrecer y garantizar que haya una interconexión de energía eléctrica que, por una parte van a producir las hidroeléctricas y que por otra parte necesitan las mineras».

Detalló que la instalación de dicha línea de alta tensión, tiene una extensión de 20 kilómetros y ha sido rechazada por el COTIC el cual es una instancia con representación de comunidades de la región, sectores productivos y autoridades municipales las cuales han determinado que dicha instalación se está realizando en una zona protegida por lo cual dicha intervención, con el apoyo de la autoridad federal, violaría el Artículo 115 de la Constitución, referente a la autonomía de los municipios.

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