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Antecedentes violentos serían impedimento de candidaturas

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Foto: Ilustrativa

El objetivo es que las reformas, que propondrá la diputada Vianey García, se apliquen para las elecciones de 2021, cuando se elijan alcaldes, diputaciones locales y federales

Jesús Peña

La diputada Vianey García Romero adelantó que en próximos días presentará una serie de reformas en el tema de violencia, para evitar que personas con antecedentes de este tipo puedan aspirar a una candidatura en 2021 o llegar a ser servidores públicos.

“No se puede permitir que una persona que haya infringido en este tema, hacia personas de otro género o su mismo género, puedan ser candidatos o servidores públicos. Quienes toman decisiones tienen que ser completamente sensibles al tema, estar capacitados, para no volver a tolerar un acto de violencia ni dentro ni fuera, ni de quienes ejercen la función pública ni de la misma sociedad”, dijo en entrevista con NG Noticias.

Agregó que el objetivo es que los cambios apliquen para el proceso de 2021, por lo que el objetivo es que salgan este mismo año antes de que inicie el proceso electoral, aunque aclaró que el proceso para determinar quiénes han cometido violencia de género aún está por determinarse.

Por ello, la morenista aplaudió la decisión del fiscal General de la República, Alejandro Gertz, que se haya retractado de su propuesta de eliminar el delito de feminicidio, pues esta categoría permite tener una visibilidad del tema.
“No podemos quitarlo, porque si lo invisibilizamos al rato no será algo que se contemple, ni que se busque eliminar. Es como quitar los ministerios públicos para que no hubiera más delitos. En Puebla, desde el Congreso, hemos visto cómo compañeros minimizan el tema la violencia”, apuntó.

Señaló que el caso de Ingrid Escamilla, poblana que fue desollada por su pareja en Ciudad de México, es un claro ejemplo de la necesidad que hay de atacar el problema de la violencia de género desde la raíz, con leyes y políticas públicas que impacten de fondo.

García Romero destacó en ese sentido el trabajo del Senado de la República, que aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para ampliar las órdenes de protección de 24 horas hasta 60 días para quien se encuentre en riesgo.

“Me parece un avance significativo, muchas veces las personas que sufren violencia y deben salir de sus casas no tienen quien les dé acompañamientos. En Puebla, la Secretaría de Seguridad puse en operación patrullas naranjas para dar acompañamiento a mujeres en caso de violencia y cuando llegan a Fiscalía General del Estado el personal debe estar sensibilizado y capacitado para protegerlas, no sólo en primeras horas sino en todo el proceso”, declaró.

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