CCE Puebla pide que consulta sobre el NAICM recaiga en especialistas

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El CCE considera que someter a una consulta ciudadana la ubicación y realización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México carece de validez jurídica.

El CCE considera que someter a una consulta ciudadana la ubicación y realización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México carece de validez jurídica.

El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE) y los 25 organismos que lo integran reafirman que la decisión para determinar el futuro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debe recaer en instituciones especializadas y facultadas que hayan estudiado previamente los aspectos técnicos que una decisión de esta envergadura conlleva y no a través de una consulta pública ciudadana como lo ha planteado el gobierno federal de transición.

A través de un comunicado, el CCE expresó El someter a una consulta ciudadana la ubicación y realización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, jurídicamente no cuenta con validez ni sustento, dado que no ofrece las garantías necesarias para determinar como válido este proceso, una decisión que evidentemente tendrá un impacto en el contexto de México debe ser tomada con responsabilidad, considerando principalmente las variables técnicas necesarias y, de acuerdo a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe recaer en las instituciones públicas correspondientes, es decir, en el gobierno federal.

El gobierno federal de transición debe fundamentar las decisiones en estudios sustentados por instituciones especialistas en el tema, ya que la decisión sobre la ubicación y construcción del Aeropuerto debe considerar aspectos técnicos como: viabilidad aeronáutica, costo y financiamiento, rentabilidad económica, capacidad demandada, conectividad y tráfico aéreo, por mencionar sólo algunos.

De acuerdo con el CCE, contar con una consulta ciudadana indudablemente abona al desarrollo y consolidación de una democracia, sin embargo, ésta debe basarse primordialmente en lo que estipula la Ley Federal de Consulta Popular, procurando mantener la imparcialidad y objetividad en el proceso supeditada al conocimiento que los especialistas tienen en la materia, ya que la decisión sin duda puede abonar o perjudicar en la certidumbre de nuestro país.

Tal y como plantea llevar a cabo la consulta ciudadana el gobierno de transición, pone en duda la objetividad del mecanismo, pues desde la formulación se carece de garantías de objetividad ya que hasta el momento no explica:

¿Cuál fue el mecanismo para determinar la muestra de un universo tan grande como lo es México?

¿Cómo se estableció la selección de los municipios en que se realizará la consulta, así como de la ubicación de las mesas para votar de los mismos?

¿Cómo se comprobó el nivel de error y confianza para poder declarar como válida la consulta una vez concluida?

¿De qué manera se garantizará la seguridad e integridad en la votación?

Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla se une al llamado del CCE Nacional para que las instancias competentes garanticen y mantengan la promesa de neutralidad ante la toma de decisiones, privilegiando los aspectos técnicos y estudios con los que se cuentan ante la inminente necesidad de contar con un espacio capaz de atender las demandas de tráfico aéreo, favoreciendo el desarrollo económico y la competitividad del país sin poner en riesgo las inversiones

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