Política

Con más de un año de retraso, armonizan Ley contra Desaparición

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Hasta 40 años de prisión, mil días de salario mínimo e inhabilitación de 10 años para el servidor público que participe en este ilícito

Jesús Peña

La armonización del Código Penal de Puebla con la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas tardó más de un año en el Congreso del Estado, pero finalmente se llevó a cabo este jueves en sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Carmen Cabrera Camacho, diputada presidenta de dicha comisión, indicó que tras una larga discusión y análisis fueron modificados los artículos 128 bis, 304 bis y 304 tert, con lo que la entidad ya está en concordancia con la reglamentación nacional.

Es de recordar que la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas fue expedida por la Cámara de Diputado en noviembre de 2017, a partir de la cual se tenían seis meses para que los Congresos locales homologaran sus Códigos Penales, por lo que la pasada Legislatura tenía que hacer proceso, pero no lo realizó.

‘La propuesta se rescató para hacer esta armonización que es prioritaria para Puebla, es algo que debieron sacar en la Legislatura pasada, era deuda social. No quiera hablar de cuánto trabajo dejaron pendiente pero sí son muchísimas’, indicó Cabrera.

Precisó que en el artículo 128 bis quedó asentada que la desaparición forzada es un delito que no prescribe, junto con la violación, el feminicidio y el homicidio doloso; en el 304 bis se estableció quiénes cometen el delito; mientras que en el 304 tert se especificaron las circunstancias que pueden aumentar o disminuir las penas.

De esta forma, la legisladora destacó que si el delito es cometido por o en colaboración con un servidor público, éste recibirá prisión de 15 a 40 años, de 300 a mil días de salario mínimo, así como destitución o inhabilitación hasta por 10 años.

Mientras que el particular que actúe junto con un servidor público para cometer este crimen recibirá sentencia de 8 a 15 años, así como muta de 150 a 500 días de salario mínimo.

Por otra parte, Carmen Cabrera reconoció que hay un rezago de 20 por ciento de iniciativas presentadas ante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, pero precisó que ello se debe a que la mayoría de las propuestas de los legisladores son modificaciones de los códigos Penal y Civil, por lo que la carga de trabajo es mayor a otras comisiones.

‘El trabajo de un diputado siempre se mide por cuántas iniciativas subes, pero en realidad se debe tomar en cuenta en cuántas iniciativas participas, las que analizas en comisiones’, dijo.

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