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Llegamos al aniversario 20 en que fue declarado por la ONU el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” y como es el objetivo de estas declaratorias en el análisis de resultados, avances y faltantes, los resultados para Puebla no son los mejores.
Algunos resultados: en Puebla de las 2.4 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el estado, 64.3% (1.5 millones) ha enfrentado algún tipo de violencia en su vida. 6 de cada 10 mujeres han enfrentado agresiones del esposo o pareja. Somos el 6º lugar nacional en feminicidios. El número de llamadas de emergencia reportadas en los primeros 10 meses de este año alcanzaron una cifra de 10 mil 132 casos, lo que nos ubica a nivel nacional en la posición cinco (Datos el SNSP).
Con sólo estos datos podemos afirmar, que existe un gravísimo problema de violencia contra las mujeres, que se ha convertido en un problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el estado.
Esto ha llevado a diversos colectivos de mujeres en Puebla, a manifestar su repudio de diversas maneras, hoy mismo, continúa desde el día 23 que inició, una toma del edificio principal del Congreso del Estado y un plantón en el exterior. Entre otros puntos, su pliego petitorio solicita conocer los avances y resultados en la Alerta de Violencia contra Mujeres en Razón de Género que desde abril del 2019 fue aceptada en el estado de Puebla para 50 municipios; la problemática de acoso y hostigamiento sexual en instituciones de estudios superiores; e, impulsan la aprobación de las iniciativas que despenalizan el aborto en Puebla y la salud sexual y reproductiva. Seis días después continúa sin haber acuerdos a sus legítimas demandas.
Entre los informes presentados con motivo de la fecha, llama la atención el presentado por la organización Equis Justicia para las Mujeres denominado “Violencia contra las mujeres e impunidad: ¿más allá del punitivismo?” ya que visibiliza las consecuencias negativas de la tendencia a medir y estudiar la violencia contra las mujeres con base en la ineficacia del sistema de justicia penal únicamente.
En diversos instrumentos que se consultaron -plantean- se revisa y analiza encuestas oficiales que miden la violencia, la seguridad y la impunidad en México, pero “solo miden la impunidad en términos de la ausencia de castigo por la ineficacia del sistema de justicia penal, es decir, por el número de denuncias y sentencias que se abren por cada delito”.
Lo anterior invisibiliza el resto de agresiones que no son percibidas por el sistema de justicia penal, ya sea porque no son delitos o porque son delitos no denunciados; ocultando los obstáculos estructurales -en función del género- que enfrentan las mujeres al denunciar.
Quedando fuera de las mediciones por ejemplo “la violencia por parte de fuerzas del Estado; la violencia institucional, estigma y revictimización contra las denunciantes; la violencia letal en transporte público y en transporte privado; violencia en servicios de salud y en el sistema de justicia; acoso y hostigamiento en escuelas y centros de trabajo; represión de mujeres migrantes y otras”.
Sin duda de la más alta importancia y a partir de este Informa nacional, empezar a impulsar en Puebla, su medición, con el único propósito de que -como bien menciona el Informe- las políticas públicas que sean implementadas y que pretendan disminuir la impunidad que afecta a las mujeres en Puebla, incluyan estrategias que involucren otros sistemas e instituciones de justicia más allá de las penales.
Esto puede ayudarnos a que las políticas públicas de prevención y atención sean diseñadas se encaminen en la ruta de desnormalizar las violencias históricamente legitimadas y lamentablemente reproducida por las estructuras sociales, institucionales y estatales, porque de nada sirven los principios y derechos plasmados en la ley si no podemos garantizar que una mujer regrese segura a su casa. Y ésta si bien es tarea del gobierno; también es de la sociedad en su conjunto, denunciar, combatir.
