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El oportunismo a 22 meses de la muerte de Mara Castilla

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ACTUALIZA – 15/07/19, 00:00 horas. Se agrega segunda parte

El caso del homicidio de la joven estudiante de la UPAEP, presuntamente a manos de un conductor de Cabify, sigue sin dictaminarse pero fue pretexto perfecto para que se lucrara con el tema con el pretexto de regular el transporte privado que utilizara aplicaciones móviles. El resolutivo a favor de Uber para poder cobrar en efectivo revive el tema. 

(segunda parte)

Jesús Peña

Tras los escándalos que involucraron a conductores de servicio de transporte privado de aplicaciones móviles, el gobierno de Puebla, a través del entonces secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco, anunció que se cancelaría el registro y las operaciones de la plataforma Cabify en la entidad, por las irregularidades en sus protocolos de seguridad, pues la empresa no se dio cuenta que José de Jesús había sido despedido de Uber por comportamiento errático.

En octubre, el gobernador Antonio Gali anunció la suspensión temporal de Uber y una iniciativa de ley para regular a ambas empresas, que fue enviada el día 23.

La oportunidad no fue desaprovechada y, el 24 de octubre, el Congreso de Puebla fue “invadido” por elementos del Consejo Taxista y de la CTM, convocados por su líder y diputado local priísta Leobardo Soto.

El motivo fue la clausura de foros sobre la modernización del servicio que prestan los taxis tradicionales, pero en realidad fue el pretexto para criticar el servicio de Uber y Cabify, además de respaldar la propuesta del Ejecutivo.

La iniciativa planteó: transparentar el padrón de socios, que los operadores realizaran pruebas de control y confianza para obtener su licencia, además de evitar el cobro en efectivo para que fuera exclusivamente con tarjeta de débito o crédito. Tras ello, ambas empresas volvieron a operar.

Le entran al mercado

Una vez logrado el objetivo, los taxistas encabezados por su líder Érika Díaz Flores no tuvieron empacho en entrarle al mismo modelo de negocio de las empresas que tanto atacaron.

Al final de la minigubernatura de Antonio Gali Fayad se echó a andar Protaxi, una plataforma para competir con Cabify y Uber, manejando en su inicio (septiembre 2018) tarifas más económicas.

En un inicio fueron afiliadas 100 unidades y la app sólo estaba disponible para Android. En diciembre se tuvo el último registro oficial: 290 conductores y 10 mil descargas.

Con la llegada del gobierno interino encabezado por Guillermo Pacheco, en enero de 2019, la aplicación simplemente fue cancelada por falta de recursos, ya que se necesitaban1.5 millones de pesos y en el presupuesto no estaban etiquetados.

Así lo informó el subsecretario de Movilidad y Transporte, Alberto Vivas Arroyo, quien aseguró que llegaron a registrarse entre 400 y 500 taxistas y que 200 unidades ofrecían servicio al día. Agregó que será decisión del próximo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta el continuar o no la estrategia

 

Uber

El caso Mara Castilla y el lucro político 

(primera parte)

En septiembre se cumplirán dos años de las muertes de Mara Fernanda Castilla Miranda y Mariana Fuentes Soto, estudiantes de la UPAEP y BUAP, ocurridos en septiembre de 2017 en los que se vieron involucrados choferes de Cabify y Uber, hechos lamentables pero que fueron bien aprovechados por el Consejo Taxista de Puebla para hacer presión política, al grado de conseguir una modificación a la Ley de Transporte.

Y es que dicho gremio dirigido por Érika Díaz Flores, tradicionalmente alineada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por su afiliación a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), nunca vio con buenos ojos tener una competencia directa, especialmente cuando en Puebla el número de taxis supera las 13 mil unidades.

De hecho, cuando Uber inició sus operaciones (junio 2015) fueron muy sonados algunos incidentes en que taxistas apostados en la Central de Autobuses de Puebla (Capu) impedían la entrada de las unidades de servicio ejecutivo, reclamando para sí brindar el servicio, e incluso golpearon a los conductores del servicio privado de transporte.

En febrero de 2016 comenzó a operar en la entidad Cabify, mismo modelo de negocios que Uber y que realmente representó la competencia directa, además de ampliar ese mercado, lo que dio paso a que en febrero de este 2019 llegara de una tercera empresa, la china Didi.

Y es que la intención de los trabajadores del volante siempre fue acabar con su competencia, amparados por sus líderes, en especial por Leobardo Soto, quien precisamente en 2017 era dirigente de la CTM y diputado local.

Sí, la muerte de ambas estudiantes es lamentable y sus casos aún conmueven a la sociedad poblana, pero la justicia pasó a segundo término y sacar raja política fue lo más importante.

El dolor sin justicia

Era la madrugada del 8 de septiembre de 2017 cuando Mara Castilla, estudiante de la UPAEP, fue asesinada. Ricardo Alexis, operador de Cabify, fue identificado como el autor material, sin embargo, hasta la fecha el caso no ha sido cerrado.

Un amparo en el proceso penal por feminicidio podría alargar más el dictar sentencia contra el único sospechoso, pese a estar detenido desde el mismo mes en que se cometió el ilícito, quien siempre ha declarado su inocencia al argumentar que dejó con vida a la joven en el motel donde su cuerpo fue encontrado.

Dicho recurso legal fue interpuesto por la familia Castilla Miranda, para evitar que Karen Castilla y Gabriela Miranda -madre y hermana de la víctima- rindan declaración sobre la relación sentimental de Mara con Christopher Alfredo Reyes Matus.

La defensa de Ricardo Alexis pedía que los familiares hablaran sobre el novio de la fallecida, bajo el argumento de que la muerte de Mara fue una venganza contra él, debido a sus nexos con el crimen organizado y que incluso se le vinculaba al secuestro del estudiante universitario Sebastián Préstamo Rivera.

El caso de Mariana Fuentes, estudiante de la BUAP, ocurrió el 30 de septiembre, también de 2017, cuando fue asaltada y baleada en la colonia Reforma Agua Azul por sujetos a bordo de un automóvil.

Sin bien fueron detenidas dos personas el 14 de octubre de dicho año, sólo uno había sido procesado por el delito de homicidio calificado en grado de coautor material (no por feminicidio).

José de Jesús, chofer de Uber, fue señalado por la Fiscalía General del Estado de ser quien conducía el automóvil en el que viajaban los delincuentes. No obstante, siempre ha dicho que actuó bajo amenazas de muerte y que la dependencia “sembró” pruebas.

A finales de junio de 2019 fue capturado Christian N, a quien la FGE señala como la persona que accionó el arma de fuego que acabó con la vida de la estudiante.

En 2017 medios de comunicación dieron cuenta de las declaraciones de Leobardo Soto, quien señaló que la muerte de Mara era consecuencia de la ilegalidad en la que operaban las aplicaciones de taxis iniciada por Uber.

Con este pretexto creció la presión contra el sistema de transporte privado mediante aplicaciones, al punto que el entonces gobernador Antonio Gali Fayad aprobó quitar los cobros en efectivo a los mismos, algo que nada tenía que ver con la solución al problema que se vivía.

Hace unos días la justicia Federal lo ratificó y devolvió a Uber la facultad de laborar como lo hacía antes de los citados escándalos

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