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Video – La corrupción acabó con las carreras policiales

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Tras salir de la cárcel los policías de Texmelucan se enfrentaron a un panorama difícil y para algunos terminó su carrera

Mayra Flores

Cuando Jaime finalmente obtuvo su libertad a través de la aplicación de medidas cautelares inició una nueva etapa de dificultades económicas.

Al igual que sus compañeros se le indicó que debía estudiar, conseguir trabajo, no cambiar de domicilio y evitar acercarse a la Dirección de Seguridad Pública donde había laborado, sin embargo, lo único fácil de cumplir era lo último, dijo para NG Noticias.

Y es que explicó que al tener el antecedente de haber estado recluido en el cereso de Tepexi por usurpación de funciones, tuvo problemas para conseguir empleo y sin un trabajo formal no contaba con recursos suficientes para estudiar.

A lo anterior se sumó el cambio de gobierno municipal y la decisión de la presidenta, Norma Layón de retirarles el apoyo económico que recibían como miembros, aún reconocidos, de la corporación.

En medio de las dificultades económicas consiguió un empleo en el que su jefe accedió a firmar los reportes que debía entregar para demostrar que cumplía con lo establecido en la medida cautelar y también pudo inscribirse a un curso.

Fueron seis meses más de problemas a los que le siguieron otros tres, en los que, junto con sus compañeros, lidió con trámites para conseguir que su paso por el cereso quedara asentado como una sanción por una falta administrativa y no por un delito.

Con una sonrisa que deja entrever melancolía, Jaime reconoció que actualmente su paso por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Martín ya ni siquiera figura en su currículum, pues lejos de ayudarle a conseguir trabajo le afecta.

Dijo que, a diferencia de otros de sus compañeros, ya no quiso regresar a trabajar a alguna corporación policiaca, aún cuando pudo hacerlo por el hecho de que se le retiraron los antecedentes penales, debido a que las condiciones de inseguridad en esa región del estado siguen siendo difíciles.

«Es arriesgar a la familia, exponerse uno mismo y si en ese tiempo la situación ya estaba mal pues ahora no hay mucho cambio, hay a quienes sí les gusta y regresaron a ser policías, yo preferí buscar un trabajo más tranquilo en una fábrica», dijo.

Añadió que ahora sólo espera que tanto él y sus compañeros reciban un fallo a favor en las demandas que interpusieron contra el gobierno estatal para pedir la reparación del daño moral y la indemnización por sus años de trabajo en la policía.

«Hay policías que llevaban décadas en San Martín y de un día para otro el gobierno se deslindó y no pagó lo que todo trabajador merece al terminar una relación laboral, y en este caso, de una forma injusta porque nosotros no tuvimos la culpa» añadió.

Para Jaime el episodio que le dañó un año completo de su vida y del cual aún se recupera, es la prueba de que para cambiar a la policía se debe comenzar una depuración desde los mandos, que son los responsables de lo que ocurre hacia abajo de la estructura policial.aa

Contrario a lo que reflexiona el exefectivo, en Texmelucan la detención de su excomisario refleja, que al menos en ese municipio, eso no se aplica.

Policía de Texmelucan, rehenes de la corrupción de cuello blanco

El pasado 11 de febrero, Luis Francisco Bustamante Flores, quien fungía como Comisario de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de secuestro girada desde el año 2011.

Aunque la edil morenista, Norma Layón Aarum ha designado a David Hernández como el nuevo mando de la corporación, aún se espera que todos los integrantes de la mesa de seguridad del estado le den su aval.

No es la primera vez que un mando policiaco es detenido en San Martín Texmelucan, pues durante el 2018 los dos jefes de la corporación fueron aprehendidos cuando el gobierno estatal asumió el control de la seguridad para poner las cosas en orden, sin embargo, todo parece indicar que no consiguió mas que provocar daños colaterales.

Jaime, miembro de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Texmelucan en 2018, fue una de las víctimas de la corrupción y malas decisiones con respecto a la revisión de policías municipales.

Él fue uno de los 185 efectivos detenidos durante la intervención que realizó el gobierno estatal hace casi dos años para tomar el mando de la seguridad en Texmelucan que, desde entonces, continuamente figura en las noticias por el hallazgo de cuerpos desmembrados y crímenes violentos provocados por la pugna de bandas delictivas.

Jaime, al igual que otros de sus compañeros, aún mantiene la esperanza de recibir justicia y que el gobierno le repare el daño moral y económico que sufrió durante su detención, plagada de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.

Narró que el 2 de mayo de 2018 estaba en horario de descanso cuando recibió la instrucción de presentarse a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública para un proceso de revisión. Ahí comenzó su calvario.

«A nosotros nos dicen, los vamos a llevar a hacer examen de control y confianza, nos aprehenden al rededor de las nueve de la mañana, nos llevan al rededor de las diez y media, en varios camiones, y ahí nos retienen hasta diez u once de la noche», dijo.

Explicó que hasta la madrugada del 3 de mayo comenzó el procedimiento para la puesta a disposición de los 185 detenidos, principalmente por el cargo de usurpación de funciones, puesto que al momento de la revisión no contaban con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP).

Jaime, al igual que otros de sus compañeros, no estaba activo al momento de ser detenido pero se le fincaron responsabilidades por usurpar funciones tomando como evidencia su alta en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El hecho de que la puesta a disposición ocurriera horas después de lo previsto por la ley también fue una anomalía en el proceso, sin embargo, de nada sirvió para evitar que fuera trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez, en donde permaneció tres meses.

«Ahí mismo nos dijeron, ya vieron que su presidente se deslindó de ustedes, no quiere pagar la fianza», dijo al tiempo de explicar que las declaraciones del entonces edil, Rafael Nuñez Ramírez terminaron por afectar más la situación de los detenidos.

Aseguró que quien debió asumir la responsabilidad de la falta de acreditación de la policía era la autoridad municipal, ya que al ingresar a la corporación solo se les pidieron los requisitos básicos y se les informó que la comuna se haría cargo de tramitar los exámenes de control y confianza, así como las CUIP pero no lo hizo.

Para Jaime, la comuna traicionó a los efectivos e intentó enmendar el error manteniéndolos en nómina aún detenidos, pagando un servicio de transporte deficiente a los familiares para que acudieran a visitarlos al cereso de Tepexi y proporcionándoles asesoría jurídica de forma tardía y vana.

Asegura que lo más difícil del proceso fueron las repercusiones económicas y psicológicas para su familia.

«Mis hijos me decían ¿Por qué estás aquí si tu eres de la policía?, tu eres de los buenos; es algo que ¿Cómo o qué les respondías?».

Estimó que durante el proceso en prisión invirtió más de 70 mil pesos en honorarios de abogados para conseguir su libertad, misma que se postergó de manera anómala y por las condiciones político electorales de aquel momento, en el que Martha Erika 0⁰Alonso Hidalgo era beneficiada en las urnas para ser gobernadora de Puebla.

«No era un delito grave y podían aplicar alguna de las medidas cautelares para dejarnos salir, pero las audiencias se atrasaron y al final nos dejaron salir por bloques, hubo quienes tardaron hasta seis meses recluidos», dijo.

Una vez libre comenzó un segundo viacrucis, ya que el antecedente de haber pisado el cereso y las medidas cautelares que debía cumplir le implicaron otro año de dificultades económicas y en el ámbito personal.

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