Destaca Amanda Gómez auditorías a dependencias, organismos y obra pública, así como la atención a denuncias
Jesús Peña
Hay 39 expedientes en contra de servidores públicos de anteriores gobiernos, de los cuales 32 se investigan con probable comisión de faltas administrativas graves y que han derivado en denuncias penales, indicó Amanda Gómez Nava, secretaria de la Función Pública estatal.
En su comparecencia virtual ante la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso del Estado, con motivo del II Informe de Gobierno estatal, destacó que derivado de 710 denuncias recibidas por actos u omisiones de servidores o exservidores públicos, actualmente tienen 552 expedientes en los Órganos Internos de Control.
Destacó que 11,888 millones de pesos han sido revisados a través de 121 auditorías: 5,292 millones revisados a siete dependencia y 21 entidades en 2019, a través de 40 auditorías; así como 5,295 millones de pesos a 15 dependencias y 27 entidades en 2020, por medio de 81 auditorías.
Además, registró 17,700 declaraciones patrimoniales en la plataforma DeclaraNet por parte de trabajadores del servicio público, lo cual –dijo– ayuda a inhibir los actos de corrupción.
La Secretaría de la Función Pública emitió 35 dictámenes técnicos con observaciones por 236.5 millones de pesos a obras ejecutadas con recursos federales en 25 municipios.
Destacó la labor del Laboratorio de Calidad, con seis unidades móviles, con lo cual los auditores van a las personalmente y toman muestras para ver si se cumplen las normas nacionales e internacionales.
Gómez Nava reconoció que hasta el momento no hay contratistas sancionados, pues no se habían efectuado evaluaciones.
También destacó la implementación de la plataforma electrónica PROintegridad, para que la ciudadanía tenga una herramienta tecnológica para denunciar a servidores públicos del gobierno de Puebla y particulares vinculados con faltas administrativas.
