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IP demanda estrategia conjunta entre estado y municipio para evitar saqueos

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Solicitan que las autoridades anuncien penas severas para quienes hagan vandalismo

Mayra Flores

En medio de la crisis económica por la pandemia del Covid-19, urge certeza en materia de Seguridad Pública en Puebla, sin embargo, ésta no existe por los desacuerdos que mantienen los gobiernos estatal y municipal sobre la estrategia y quién debe ser responsable de dirigirla, coincidieron líderes empresariales.

En entrevista por separado para NG Noticias, Marco Antonio Prosperi Calderón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco); Olga Juárez Méndez presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac); Ignacio Alarcón, representante del Consejo Coordinador Empresarial y Andrés de la Luz, director de la Asociación de Centros Comerciales, opinaron sobre la confrontación que existe entre las autoridades.

Lo anterior a tres semanas de que la división se hizo evidente con el nombramiento de Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad en la capital del gobierno estatal y la negativa de la edil, Claudia Rivera Vivanco, para acatar tal designación.

El director de la Asociación de Centros Comerciales, Andrés de la Luz, informó que ambos gobiernos han presentado al sector la estrategia de seguridad que implementarán para prevenir saqueos durante la crisis económica provocada por el coronavirus, sin embargo, no hay un plan conjunto.

«No sé trata de mover y generar en este momento reflectores, se trata del bien de la ciudadanía (…). Quiero creer que aún hay un gobierno, un municipio y un Estado que antepone el bien común del ciudadano, antes que el personal», opinó sobre la relación entre la edil Claudia Rivera y el gobernador, Luis Miguel Barbosa.

Sentenció que el deseo de quienes dependen de la actividad de los centros comerciales es que la contingencia sanitaria termine en saldo blanco en cuanto a hechos delictivos se refiere, por lo que las autoridades deberían entender que al ciudadano no le importa quién hace el trabajo de seguridad sino sólo que lo haga.

El presidente de Canaco en Puebla, Marco Antonio Prosperi, coincidió en que se necesita una estrategia coordinada para prevenir posibles actos de rapiña en los comercios, pero subrayó la necesidad de endurecer las sanciones para quien cometa dicha práctica.

«Pedimos que haya un mensaje de autoridad, donde ante esta emergencia, el gobierno ordenara que se anuncien penas severas para quien haga vandalismo o saqueo», dijo.

Refirió que Puebla ya tiene experiencia en saqueos por los ocurridos hace más de tres años, y por lo tanto determinadas colonias del Sur de la ciudad son las que deberían tener más atención de las autoridades en este momento.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón Rodríguez, reiteró el llamado a la cordura para las autoridades y señaló que hasta ahora no le han informado cambio de titular en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

Expresó que el gobierno estatal le presentó una estrategia de seguridad para prevenir saqueos, mediante la cual cada establecimiento puede reportar la aglomeración sospechosa de personas en sus inmediaciones para que la policía asista.

Sin embargo, admitió que el tema no fue analizado a fondo porque se dio prioridad a atender la agenda de reactivación económica y delinear los apoyos pedidos al gobierno para sobrellevar la crisis por el Covid-19.

Informó que en el transcurso de esta semana se retomará la comunicación con los gobiernos para profundizar en la estrategia de seguridad.

Finalmente, la presidenta de Canirac, Olga Méndez Juárez, señaló que la lucha de poderes en Puebla sólo puso freno a un plan de acción que ya había instrumentado el gobierno de la ciudad en cuestión de seguridad pública.

Sentenció que el proyecto de vectorización que prometía mayor cercanía entre policía y ciudadano quedó sin aplicarse a fondo por la confrontación que ha habido entre los gobiernos.

Por lo anterior llamó al gobierno estatal y municipal a ponerse de acuerdo y respaldó la postura que ha adoptado la edil, Claudia Rivera Vivanco, para evitar que el gobierno estatal intervenga directamente en lo que es su responsabilidad: la seguridad pública.

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