México y el mundo

Lydia Cacho y Mario Marín, ¿El inicio de la caída de los demonios del Edén?

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Durante los últimos días, ha trascendido una orden de aprehensión en contra de Mario Marín. Esto da pie para conocer los antecedentes de la actual coyuntura de la entidad.

Jaime López

Era el año 2005 cuando un libro de investigación periodística cimbró el mundo de algunos personajes de la escena política nacional y local: «Los demonios del Edén», el cual documentó, con nombre y apellidos, la red de pederastia y corrupción existente en un destino turístico de la República mexicana.

Dicho libro había sido publicado un año antes por la periodista Lydia Cacho Ribeiro, sin embargo, el impacto de sus letras se dio unos meses después, cuando su autora fue detenida arbitrariamente en Cancún, y traída ilegalmente por órdenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

¿El motivo de lo anterior? Kamel Nacif Borge, uno de los empresarios mencionados en el texto de Cacho, la demandó por difamación y calumnias.

La detención de la también activista ocurrió el 16 de diciembre de 2005, como consecuencia de un mandato de la jueza Rosa Celia Pérez González.

Desde que fue aprehendida hasta que pudo defenderse de las acusaciones en su contra, transcurrieron más de 24 horas, lapso en en el que la periodista en cuestión fue intimidada, agredida y torturada.

Cacho Ribeiro logró salir libre al pagar una fianza mayor a los 100 mil pesos, siendo absuelta en enero de 2006 del delito de calumnia, no así del de difamación.

Posteriormente, en febrero de ese año, se difunden una serie de audios donde se escucha a Nacif Borge entablando una plática con Marín Torres, con el objeto de pedirle su ayuda en la detención de la periodista.

Ahi nacieron los apodos «el gober precioso» y «el precioso», así como la mala fama del exmandatario priista. Igualmente, se activó una investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), órgano encargado de averiguar si la detencion de Cacho fue violatoria de los derechos humanos de ésta.

La SCJN absolvió al originario de Nativitas, pero gran parte de la opinión pública lo hizo blanco de su más amplio repudio.

Así, se llevó a cabo una megamarcha para pedir la destitución de Mario Plutarco Marín Torres, en la cual participaron militantes del PAN y del PRD, además de estudiantes y algunos empresarios locales.

No obstante, dicha marcha fue ocultada por la mayoría de los medios locales, quienes -se presume- negociaron su silencio y apoyo, a cambio de dinero, con la administración estatal.

Cuatro años después, la periodista Carmen Aristegui da a conocer la relación sexual que tuvo el priista con una menor de edad, lo cual sepultó más su carrera política y, al mismo tiempo, contribuyó a que su partido perdiera por primera vez la gubernatura de la entidad.

La activista, escritora y periodista continuó con su batalla judicial y mediática, a la par de su defensa de los derechos de la infancia y de las mujeres.

Más recientemente, en julio del año pasado, como lo señala la propia periodista en el sitio de peticiones digitales de Change.org, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pidió al Estado mexicano resarcir los daños de los que aquella fue víctima.

Eso incluye una disculpa pública en los medios de comunicación más importantes del país, la cual fue ofrecida, en representación de todo el Estado mexicano, por la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Igualmente, en sus redes sociales, la periodista ganadora de diferentes premios ha manifestado que no descansará hasta que todos los responsables de su detención ilegal sean llevados tras las rejas.

En ese contexto, algunos medios de comunicación han emitido trascendidos de que en Quintana Roo se giraron ordenes de aprehensión, por el delito de tortura, en contra de 5 personas, entre ellas Marín Torres.

Asimismo, algunas publicaciones se han atrevido a asegurar que ese político ya huyó del país, para evitar ser apresado.

Finalmente, este día se reveló la presunta detención de Juan S., uno de los cinco acusados, quien en 2005 se desempeñaba como jefe de Mandamientos Judiciales, área encargada de ejecutar las detenciones, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

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