Presentan protocolo contra linchamientos en Puebla

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El protocolo contra linchamientos en Puebla contempla hasta 20 años de cárcel a la persona que este involucrado en un suceso de este tipo.

El protocolo contra linchamientos en Puebla contempla hasta 20 años de cárcel a la persona que este involucrado en un suceso de este tipo.

Renata Vázquez García

El gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali Fayad, presentó el protocolo para prevenir linchamientos, en el que además de las estrategias para evitar dichos casos, se contemplan castigos para las autoridades que no actuén bajo los protocolos establecidos

Dicha información fue difundida a través de un video que el mandatario publicó en su cuenta Twitter.

En dicho video, se menciona que se dará hasta 20 años de cárcel a la persona que este involucrado en un suceso de este tipo.

También se informa que cualquier funcionario que no actué bajo los protocolos establecidos será sentenciado a seis años de prisión, suspensión, destitución e inhabilitación de su cargo.

Los seis pasos del protocolo de acción en caso se linchamiento son:

1. Cuando las autoridades municipales sepan de este incidente, deben trasladar al sospecho y ponerlo inmediatamente a las disposición del ministerio público. Tienen prohibido retenerlo en sus instalaciones.

2. Informar inmediatamente al gobierno del estado y solicitar la intervención de la policía estatal y ministerial, para garantizar la integridad y seguridad de las personas.

3. Deben mediar y conciliar con los inconformes para garantizar la protección de los derechos humanos de los involucrados.

4. Las autoridades municipales se coordinara con las policías estatal y ministerial para evitar el linchamiento haciendo presencia en el lugar para proteger la vida e integridad de las personas.

5. En caso de concretarse una agresión la autoridad municipal debe presentar la denuncia correspondiente.

6. Los servidores públicos que no cumplan con este protocolo serán castigados administrativamente, con las suspensión, destitución e inhabilitación del cargo y penalmente hasta seis años de prisión.

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