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Propone Marcelo García ‘corrección’ a la Ley de Educación

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Se busca corregir la redacción de algunos artículos que pudieran tener algún impacto en los derechos humanos a la legalidad o a la propiedad, así como reconocer la importancia de la educación pública y privada para la entidad

Jesús Peña

Marcelo García Almaguer, diputado sin partido, presentó una iniciativa para reformar la recién aprobada Ley de Educación del Estado de Puebla, a fin de dar certeza a las instituciones de educación particulares, luego de la polémica desatada a nivel nacional.

El legislador ingresó su propuesta el pasado viernes en las que propone modificaciones a los artículos 105, 117, 143, 145 y 146, a fin de acabar con las diferencias señaladas por rectores, académicos y padres de familia.

En el caso del artículo 105, que señala que los bienes muebles e inmuebles de particulares destinados a impartir educación forman parte del Sistema Educativo Estatal, García Almaguer propone agregar y especificar:

“De igual forma, los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla deberán registrar los muebles e inmuebles destinados a la educación ante la Secretaría, con el estricto objetivo de que estos cumplan con las condiciones y disposiciones correspondientes”.

Así se evitaría la polémica desatada en el sentido que la ley, tal como está, pueda prestarse a una interpretación que amenace la propiedad privada.

En el caso del artículo 117, que establece la obligación de las instituciones a presentar un informe de actividad y rendición de cuentas, cada fin de ciclo, a cargo del director del plantel, la propuesta es dejar la redacción así para las instituciones públicas y agregar: “En el caso de escuelas privadas, éstas determinarán las modalidades de los informes correspondientes”.

Respecto al artículo 143, el apartado III dice: “Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal, y demás para la formación de maestros de educación básica”.

Se propone que quede: “Con planes y programas de estudio que se formulen con base en los contenidos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la presente Ley, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal, y demás para la formación de maestros de educación básica”.

Del artículo 145, en su apartado II, la ley señala que es obligación de las instituciones privadas cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan “determinado o considerado procedentes” y mantenerlos actualizados.

Aquí el cambio es para que la redacción supla la parte de “considerado procedentes” por “reconocido”.

Por último, en el artículo 146, referente a la vigilancia del Estado en los costos de colegiaturas, Marcelo García propone dejar la redacción original, pero agregando un párrafo que diga: “En todo momento, las autoridades respectivas garantizarán los derechos correspondientes de los particulares para justificar, desarrollar y fundamentar las acciones referentes a los costos en la prestación de servicios educativos”.

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