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Se cumple seis años sin dar justicia en Chalchihuapan

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Foto: InstantPress

En 2014 una bala de goma mató a un niño; la CDH Puebla aseguró este semana que no puede reabrir el expediente

Jesús Peña

José Luis Alberto Tlahuatlie Tamayo murió.

Pobladores dicen que los uniformados atacaron primero. La verdad es que tras seis años, el caso sigue siendo una herida abierta para Puebla.

Un grupo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan bloqueó, el 9 de julio de 2014, la autopista Puebla-Atlixco para exigir la reapertura de las oficinas del Registro Civil, tras las modificaciones a las leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Previamente, en mayo de 2014, el Congreso local aprobó lo que se conoció como “Ley Bala” que permitía el uso de armas no letales para el desalojo de manifestaciones sociales, las cuales se aplicaron ese día.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos demostró que el desalojo violento se llevó a cabo cuando la manifestación era pacífica.

José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, y ocho pobladores más fueron impactado por balas de goma. El menor de edad perdió la vida el 19 de julio, después de unos días hospitalizado, otro poblador perdió un ojo, unos más sufrió fracturaron la mandíbula, entre otros casos graves.

Elia Tamayo, madre del menor asesinado en Chalchihuapan

Familiares del menor denunciaron que fueron obligadas a firmar una declaración sobre que la muerte del menor fue alcanzado “por un cohetón” supuestamente lanzado por los lugareños.

No se fincó responsabilidad sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, tampoco sobre el entonces procurador de justicia, Víctor Carrancá, quien se mantuvo en el cargo hasta 2019.

La actual LX Legislatura derogó, en su tercer intento, la llamada Ley Bala. Pese a ello la justicia no ha llegado a los pobladores. En noviembre de 2019 la Comisión de Derechos Humanos negó la posibilidad de reabrir el caso, argumentando que es de competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH).

Está impedida legalmente a la CDH Puebla a revisar el asunto ya determinado por la CNDH, ya que una vez emitida la declaración de violación grave a los derechos humanos y asumida la facultad de atracción del expediente de queja, aunado a que este organismo estatal no cuenta con atribuciones legales para tal efecto, la institución que debe conocer de una reapertura, de omisiones, o bien sobre hechos nuevos relacionados con el caso, estrictamente es competencia la Comisión nacional, tal y como lo señala el artículo 108 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, explicó el organismo local en un un comunicado.

La CDH Puebla, a cargo de José Cerezo Vélez, recordó que en la petición recibida para reabrir el caso se solicita sean investigados los entonces titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Fiscalía General del Estado, pero sí fueron indagados y ello consta en el expediente de la CNDH.

De hecho, el organismo nacional emitió la Recomendación 2VG/2014 que determina elementos necesarios para acreditar las violaciones a derechos humanos, que fue enviada y aceptada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle; además abrió un expedientillo de seguimiento para observar el cumplimiento los puntos recomendatorios.

Lo cierto es que a seis años de los hechos, la herida sigue abierta. Un menor está muerto, algunos pobladores tienen heridas permanentes y, para Puebla, el caso sigue aún esperando justicia.

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