Se quejan por “endeble” informe de Conavim sobre violencia de género

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Controversia entre legisladores por activar la Alerta de Género en Puebla

Organizaciones peticionarias de la alerta de violencia de género en Puebla denunciaron que el informe también muestra la falta de selección de un Grupo de Trabajo interdisciplinario

Ciudad de México. Organizaciones peticionarias de la alerta de violencia de género en Puebla manifestaron su preocupación por el “endeble” informe que elaboró el grupo de trabajo coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) sobre la situación que viven las mujeres en esa entidad.

Acusaron que el documento “deja ver cómo de manera discrecional se acumularon las solicitudes de alerta de violencia de género, sin atender de manera particular las problemáticas de feminicidio, trata y desaparición de mujeres y niñas, por lo que, al englobarlas invisibilizan las particularidades de cada problema y se omiten acciones específicas para atender de manera urgente cada una de ellas”.

Las organizaciones denunciantes son Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, peticionaria de la la declaratoria de alerta para esta entidad, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -acompañantes de dicha petición-.

Indicaron que el informe también muestra la falta de selección de un Grupo de Trabajo interdisciplinario, “capaz de realizar investigaciones que conlleven a la generación de un diagnóstico sobre la violencia feminicida y la desaparición de las mujeres y niñas en la entidad poblana”.

Recordaron que el 9 de marzo de 2016, las organizaciones Instituto Mexicano de Psicología Jurídica A.C. y Todos para Todos A.C. solicitaron a la Conavim la declaratoria de alerta. Sin embargo, en 2017 el Grupo de Trabajo determinó no decretarla.

El 20 de octubre de 2017 la CNDH solicitó la alerta por la gravedad de los casos y la impunidad. Asimismo, el 16 de noviembre de ese año, la organización Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, integrante del OCNF, solicitó nuevamente la alerta.

Un informe especial de la CNDH de 2017 detalló que 23 mil 934 (82.71 por ciento) de las personas reportadas como desaparecidas se ubican en 11 estados del país. Puebla registró mil 80 casos (3.7 por ciento).

El OCNF a través de solicitudes de transparencia, registró de enero de 2015 a diciembre de 2016, la desaparición de 820 mujeres, de las cuales 6 fueron encontradas muertas, 300 no fueron localizadas y se desconoce el número y las condiciones en las que fueron encontradas con vida.

Las organizaciones agregaron que si bien en el Informe de la alerta se reconoce el incremento del crimen organizado en algunas regiones del estado, el Grupo de Trabajo no realiza un análisis de contexto efectivo, e invisibiliza la desaparición de mujeres y niñas, además redujo las recomendaciones en la materia a acciones que eran –desde entonces- una obligación estatal, las cuales están establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Igualdad, así como en sus homólogas estatales, el plan nacional y estatal de desarrollo.

Ejemplo de ello, añadieron, es la recomendación de un “Programa único de capacitación sobre violencia feminicida, violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, así como búsqueda y desaparición” cuando -dado el carácter emergente de la alerta- las acciones tienen que ser principalmente estructurales y a corto plazo.

Expusieron otras “irregularidades” como el desconocer los datos proporcionados por el OCNF, haciendo uso de ellos sin referir la fuente, y “en el que la Conavim pretendió incluso realizar reuniones con organizaciones peticionarias con la ausencia de personas expertas”, por lo que las organizaciones se retiraron en una ocasión ante la falta de condiciones para la realización de dicha reunión, a pesar de ello la reunión quedó asentada.

Mencionaron que “invisibilizar la desaparición de mujeres y niñas fomenta su prevalencia e impunidad y podría derivar en contextos más adversos, difíciles de erradicar y daños irreparables. Por ello es indispensable emprender las acciones jurídicas necesarias para investigar, prevenir y combatir estos y otros elementos que inciden en el incremento de la violencia de género contra las mujeres, especialmente la desaparición y los feminicidios”.

Fuente: La Jornada

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