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Solicitan diputados proteger salud mental en la pandemia

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También llaman a la Secretaría de Salud a atender la diabetes; impulsan reformas a la Ley de Protección para las Personas Adultas Mayores

Jesús Peña

La Comisión de Salud del Congreso local aprobó, por unanimidad, un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud estatal para establecer las medidas necesarias que garantice la salud mental, en contexto de pandemia por coronavirus

Al exponer su propuesta, el diputado sin partido Marcelo García Almaguer indicó que la crisis sanitaria dejó en evidencia algo más que una enfermedad, pues expuso las brecas sociales, la disparidad y la pobreza.

“Sólo por citar algunos datos, puedo decir que 13 por ciento de los doctores no pueden dormir, 30 por ciento sufre niveles de estrés muy altos por decisiones que deben tomar, el sólo hecho de tener un semáforo para saber quién recibe o no un ventilador. La pandemia nos deja muchas lecciones que deben ser legisladas”, dijo.

Agregó que la protección de la salud mental, incluyendo al personal médico, es un factor que debe ser tomado en cuenta por las autoridades de forma urgente.

Por su parte, la diputada morenista Carmen Saavedra respaldó el exhorto, tras argumentar que el bienestar psicosocial debe ser factor fundamental en los momentos más difíciles de la pandemia, pues la angustia y la depresión por el miedo al contagio o la muerte permea en la sociedad.

En la misma sesión, la Comisión de Salud también hizo un exhorto a la Secretaría estatal del ramo para que en la medida de sus capacidades presupuestarias lleve a cabo campañas de prevención y concientización en torno a la diabetes, así como implementar las medidas necesarias para el acceso a la hemodiálisis de aquellas personas que sufren dicha enfermedad.

Previamente, la Comisión de Grupos Vulnerables aprobó varias reformas a la Ley de Protección para las Personas Adultas Mayores, que reunió las iniciativas presentadas por la panista Mónica Rodríguez, la morenista Estefanía Rodríguez y el sin partido Jonathan Collantes.

El objetivo es evitar la discriminación laboral, familiar, psicológica, financiera y abuso sexual, así como reconocer la obligación de la familia o instituciones públicas de cubrir sus necesidades de alimentación, vestido y vivienda.

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